Delitos contra la administración pública

Estos delitos resultan imputables (salvo en contadas excepciones) a autoridades y funcionarios públicos cuando, en el ejercicio de sus funciones, llevan a cabo determinadas conductas que se consideran perturbadoras del correcto funcionamiento de la Administración pública y las funciones que ésta está llamada a prestar. Popularmente conocidos como delitos de corrupción, entre los que sobresalen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, guardan una estrecha vinculación con los nuevos delitos de financiación ilegal de partidos políticos en los que el titular del despacho es uno de sus más consumados especialistas.