Ejecución penal y derecho penitenciario

Una vez agotados todos los recursos posibles contra una sentencia condenatoria, ésta deviene firme. A partir de ese momento, se inicia una fase procesal diferenciada de la fase de juicio oral que la precedió, durante la cual, antes de realizar la liquidación de condena (es decir, de fijar de modo definitivo la fecha de inicio y extinción de la pena o penas impuestas en sentencia) se dará a la defensa y a la acusación la oportunidad de realizar alegaciones sobre la posible suspensión de la ejecución de la pena. Por ello, concluido el procedimiento propiamente dicho, resulta necesario que la fase de ejecución de sentencia sea dirigida por verdaderos conocedores de sus entresijos, capaces de decidir si cabe solicitar la suspensión de la pena y, en caso afirmativo, qué modalidad (ordinaria, excepcional o sustitutoria, por enfermedad grave o por drogadicción), valorar la oportunidad de pagar las responsabilidades civiles impuestas o comprometerse a ello, solicitar el fraccionamiento en el pago de las responsabilidades pecuniarias, etc., cuyo fin último será evitar el ingreso en prisión y hacer más llevadero el pago de multas e indemnizaciones. Si bien en otros momentos del proceso un desliz puede ser subsanado en un momento posterior, en la fase de ejecución el más pequeño error podría llevar al condenado a tener que ingresar en prisión.

Suele definirse el Derecho Penitenciario como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de todas las sanciones penales privativas de libertad, sean penas o medidas de seguridad, disciplina que en los últimos años ha ido ganando independencia como disciplina autónoma y cuyo dominio resulta crucial para facilitar al interno en prisión la obtención de beneficios penitenciarios, para promover su rápida progresión en grado acelerando de este modo su puesta en libertad, etc. El despacho ofrece también este tipo de asistencia letrada.