Abogado penalista especialista en delitos contra la salud pública

Los delitos contra la salud pública son una grave preocupación en España, abarcando desde el tráfico ilegal de sustancias hasta la falsificación de medicamentos y productos sanitarios. Estas infracciones no solo afectan al bienestar colectivo, sino que también conllevan severas repercusiones legales para los implicados.

En este escenario, David Sans, abogado penalista en delitos contra la salud pública, ofrece defensas legales meticulosas y adaptadas a la complejidad de cada caso. Su profundo conocimiento en la materia y su enfoque estratégico lo convierten en un aliado fundamental para aquellos enfrentados a acusaciones por delitos contra la salud pública.

¿Qué son los delitos contra la salud pública?

Los delitos contra la salud pública constituyen una serie de actos que perjudican o ponen en riesgo la salud colectiva de la población.

El Código Penal español, en su Capítulo III de su Título XVII que trata sobre los delitos contra la seguridad colectiva, detalla exhaustivamente los delitos contra la salud pública, abarcando desde la producción y tráfico de sustancias nocivas hasta la manipulación de productos sanitarios. A continuación, se presenta una descripción de los tipos más significativos de estos delitos y las penas asociadas según la legislación vigente.

Tipos de delitos contra la salud pública

1. Elaboración y tráfico de sustancias nocivas (Artículo 359)

Este artículo penaliza la elaboración, despacho, suministro o comercio de sustancias nocivas para la salud sin la debida autorización. Las penas impuestas son de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por un período de seis meses a dos años.

2. Tráfico autorizado sin cumplimiento formal (Artículo 360)

En casos donde la persona esté autorizada para el tráfico de dichas sustancias, pero no cumpla con las formalidades legales, se establece una pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio por seis meses a dos años.

3. Medicamentos y productos sanitarios sin autorización (Artículo 361)

Se penaliza la fabricación, importación, comercialización o almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios sin las autorizaciones requeridas. Las penas son de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a tres años.

4. Distribución de contenidos nocivos (Artículo 361 bis)

Este artículo sanciona la distribución o difusión pública de contenidos que promuevan el consumo de productos riesgosos para la salud, especialmente entre menores de edad o personas con discapacidad. Las penas pueden ser de multa de seis a doce meses o prisión de uno a tres años.

5. Adulteración y falsificación de medicamentos (Artículo 362)

Se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años, a quien adultere medicamentos o productos sanitarios de manera que reduzcan su seguridad y eficacia.

6. Importación y distribución de productos falsificados (Artículo 362 bis)

Este artículo aborda la importación, exportación y comercialización de medicamentos y productos sanitarios falsificados, con penas de prisión de seis meses a cuatro años, multas similares y las mismas inhabilitaciones.

7. Documentación falsa asociada a medicamentos (Artículo 362 ter)

Elaborar documentos falsos relacionados con la comercialización de medicamentos conlleva penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años.

Circunstancias agravantes (Artículo 362 quater)

Cuando el delito se cometa por profesionales de la salud o dentro de establecimientos abiertos al público, las penas pueden ser superiores en grado a las establecidas (es decir, que puede desbordar el máximo previsto para cada uno de los anteriores delitos).

Estos delitos, por su naturaleza, no solo ponen en peligro la salud pública, sino que también comprometen la seguridad y el bienestar general. El conocimiento detallado de estas leyes es esencial para cualquier defensa legal efectiva en casos de delitos contra la salud pública, destacando la importancia de la experiencia y especialización de abogados como David Sans.

El proceso judicial en delitos contra la salud pública

El proceso judicial para los delitos contra la salud pública es un procedimiento complejo que requiere una serie de pasos específicos y la intervención de múltiples actores del sistema judicial. Aquí, detallaremos las fases generales de este proceso y la importancia de cada una para garantizar un tratamiento justo y adecuado del caso.

Investigación preliminar

Todo comienza con la investigación preliminar, que es llevada a cabo por la policía o por la Guardia Civil bajo la dirección del Ministerio Fiscal. En esta etapa se recopilan todas las pruebas posibles, como sustancias incautadas, testimonios, documentos, registros   digitales, entre otros, aunque si alguna de las medidas de investigación supusiera la posible quiebra de derechos fundamentales, precisará de su autorización motivada por un Juez instructor. El objetivo es establecer la existencia del delito e identificar a los posibles culpables.

Instrucción del caso

Una vez que hay suficientes indicios de un delito, el caso es llevado a la fase de instrucción, dirigida por un juez de instrucción. Durante esta fase, se realiza un examen más detallado de las pruebas, se pueden ordenar operaciones de vigilancia, registros domiciliarios, y se toman declaraciones a los implicados y testigos. Esta fase es crucial para determinar si el caso se cerrará o si, por el contrario, se continuará hacia el juicio.

Fase de juicio

Si hay suficientes pruebas para proceder, se abrirá la fase de juicio oral. Esta es la etapa donde un abogado especializado, como David Sans, es indispensable, aunque la asistencia de abogado será necesaria ya desde los primeros compases de la investigación. El abogado defenderá los derechos del acusado, presentará pruebas a favor, cuestionará las pruebas en contra y argumentará legalmente sobre la aplicación de la ley al caso concreto.

El juicio puede ser celebrado ante un tribunal de lo penal o la Audiencia Nacional, dependiendo de la gravedad y alcance geográfico del delito.

Sentencia y posible apelación

Tras la presentación de todas las pruebas y los argumentos, el tribunal dictará una sentencia. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la sentencia, puede presentar una apelación a una instancia superior, como el Tribunal Superior de Justicia o recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ejecución de la sentencia

Una vez que la sentencia es definitiva y firme, se procede a su ejecución. Esto puede incluir la imposición de penas de prisión, multas, inhabilitación profesional, entre otras medidas punitivas y correctivas.

El proceso judicial en delitos contra la salud pública destaca la importancia de contar con una defensa legal especializada y experimentada. David Sans abogado penalista en delitos contra la salud pública ofrece esa experticia, asegurando que se respeten los derechos del acusado y se busquen las mejores estrategias legales posibles.

Casos notorios de delitos contra la salud pública

A lo largo de los años, varios casos de delitos contra la salud pública han capturado la atención del público y de los medios de comunicación en España, sirviendo como ejemplos claros de las consecuencias legales y sociales de estas actividades ilícitas. Estos casos ilustran no sólo la gravedad de los delitos, sino también la complejidad de la defensa en estos escenarios.

Caso de la Operación Puerto

Uno de los casos más notorios relacionados con delitos contra la salud pública fue la Operación Puerto, centrada en una red de dopaje en el ciclismo profesional. Este caso reveló una extensa red de administración de sustancias prohibidas a atletas, lo que no solo puso en riesgo la salud de los deportistas, sino que también manchó la integridad del deporte profesional.

El caso culminó con varias condenas y destacó la importancia de una legislación integral y una aplicación estricta de la misma para combatir el dopaje deportivo.

Caso de Medicamentos Falsificados en Valladolid

Recientemente, en Valladolid, se produjo un caso significativo relacionado con delitos contra la salud pública que implicaba la falsificación de documentos y la estafa para adquirir medicamentos de manera ilegal. La Policía Nacional detuvo a un individuo que utilizaba autorizaciones falsas para retirar medicamentos importantes como RIVOTRIL y VIAGRA de una cooperativa farmacéutica.

Este caso destaca la sofisticación de las redes delictivas que comprometen la salud pública y la necesidad de controles rigurosos en la distribución de medicamentos. La operación reveló un modus operandi donde los delincuentes se hacían pasar por farmacias autorizadas para obtener y retirar medicamentos ilegalmente, lo que llevó a una investigación más amplia en varias provincias.

Este caso subraya la importancia de la vigilancia en el sector farmacéutico y la relevancia de una defensa legal especializada en casos de esta índole.

Caso de Contaminación de Agua en Sevilla

En Sevilla, el director y dos empleados de una empresa de aceitunas fueron condenados por contaminar la red de agua potable. Este incidente, ocurrido en 2012, implicó la inyección de agua contaminada en la red, afectando la potabilidad del agua distribuida a una comunidad local.

La empresa fue responsabilizada por no cerrar adecuadamente una llave de paso, lo que causó una mezcla de aguas de diferente calidad. A pesar de las reparaciones y limpiezas realizadas, que ascendieron a más de 9,000 euros costeados por la empresa, el caso resalta la severidad de las repercusiones legales y las medidas correctivas en situaciones de contaminación que afectan a la salud pública.

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    Los delitos contra la salud pública poseen profundas implicaciones legales y requieren de una defensa especializada y meticulosa. David Sans, con su amplia experiencia en derecho penal, proporciona la asesoría legal necesaria para navegar con éxito a través de las complejidades de estos casos. Desde el tráfico de drogas hasta la contaminación ambiental, su conocimiento y enfoque estratégico garantizan la mejor representación posible.

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