El panorama del cumplimiento normativo empresarial en España está experimentando cambios significativos. Aunque la obligación de contar con canales de denuncia ya entró en vigor en diciembre de 2023 para empresas con más de 50 empleados, el Gobierno está considerando extender el plazo de adaptación hasta junio de 2025, ante el bajo nivel de cumplimiento detectado hasta la fecha.
¿Qué son los canales de denuncia?
Los canales de denuncia son plataformas que permiten a los empleados, proveedores y otros interesados reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades o incumplimientos legales dentro de la organización. Estos sistemas deben garantizar el anonimato del denunciante, evitar represalias y proporcionar un entorno digital protegido para enviar denuncias.
La implementación de estos canales responde a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta normativa tiene su origen en una directiva europea de 2019, conocida como «Directiva Whistleblowing».
¿Quiénes están obligados a implementar canales de denuncia?
La obligación de contar con un canal de denuncias afecta a:
- Empresas privadas con 50 o más empleados
- Compañías de cualquier tamaño que operen en el mercado financiero, la seguridad del transporte o la protección del medio ambiente
- Empresas que facturen anualmente más de 10 millones de euros
- Universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones
- Administraciones públicas y organismos con más de 249 trabajadores
Situación actual del cumplimiento
A pesar de que la obligación entró en vigor en diciembre de 2023 para la mayoría de las empresas afectadas, estudios recientes muestran que solo el 10% de las pymes obligadas han implementado estos sistemas. El 90% restante podría enfrentarse a sanciones considerables si no se adaptan a la normativa.
Ante esta situación, el Gobierno está valorando emitir advertencias antes de aplicar sanciones definitivas, con el objetivo de facilitar la transición y evitar que cunda el pánico entre las empresas.
Consecuencias de no cumplir con la normativa
Las empresas que no implementen un canal de denuncias antes del plazo establecido podrían enfrentarse a:
- Multas económicas significativas
- Pérdida de subvenciones o beneficios fiscales durante cuatro años
- Exclusión de la contratación pública por un período de tres años
Beneficios de implementar un canal de denuncias
Más allá de evitar sanciones, contar con un canal de denuncias ofrece ventajas significativas:
- Ayuda a prevenir y detectar irregularidades internas
- Promueve una cultura empresarial basada en la ética y la transparencia
- Permite identificar y resolver problemas antes de que se conviertan en escándalos públicos
- Mejora la imagen corporativa y la confianza de empleados, clientes y proveedores
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Fuente: Grupo 2000