Estafa, daños y usurpación

Delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico

Bajo esta rúbrica se engloba una compleja madeja de infracciones penales que atacan a intereses tan diversos como la propiedad, el patrimonio o la actividad económica en general y que suelen ir presididas por el ánimo de lucro en quien las comete. En este sentido, se cuentan desde los clásicos robos y hurtos, pasando por los fraudes más variados y los encaminados a frustrar intencionadamente los derechos de crédito de los acreedores, hasta aquellos otros que afectan al mercado o al funcionamiento interno de las sociedades mercantiles, sin olvidar el blanqueo de dinero.

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Hurto:

Localizado en el artículo 234 del Código Penal. Consiste en apoderarse de algo propiedad de otro (prisión de 6 a 18 meses). Si el valor de lo sustraído fuera inferior a 400 eur, constituirá delito leve castigado con pena de multa.

Las anteriores penas se dispararán de 1 a 3 años en determinadas circunstancias (cosas de especial valor, de primera necesidad, cause grave perjuicio, empeore la situación de la víctima, por tener su autor 3 condenas anteriores, por el uso de menores o en el seno de una organización criminal).

ROBO (artículo 237 del Código Penal):

Apoderarse de cosas ajenas, pero difiere del hurto porque en este caso ello se hace empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde están, o violencia o intimidación en las personas. La ley contiene definiciones sobre lo que se considera fuerza en las cosas (escalar para llegar al lugar donde están las cosas, romper o quebrar puertas o ventanas, cajas, cofres, forzar cerraduras, uso de llaves falsas y manipulación de alarmas), y lo que hay que entender por llaves falsas.

La pena va de 1 a 3 años, pero puede dispararse hasta de 2 a 5 años si recae en las mismas agravaciones del hurto, misma pena que tienen el robo con violencia o intimidación.

También tiene una regulación propia el robo en casa habitada o en establecimiento abierto al público.

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USURPACIÓN (artículo 245 del Código Penal):

Más comúnmente conocido como ocupación de inmuebles, regula una problemática lamentablemente cada vez más frecuente (tanto desde el punto de vista del propietario que se ve perturbado en el disfrute de su propiedad, como del autor del delito que esconde la dramática realidad de personas que no ven garantizado su fundamental derecho a la vivienda). La ocupación puede cometerse con violencia o intimidación, o bien ocupando el inmueble sin autorización de su propietario si no constituye su morada, o manteniéndose en él contra la voluntad del legítimo propietario.

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Defraudaciones

Capítulo aparte merece esta categoría de delitos, en los que se encuentran la estafa, la administración desleal y la apropiación indebida, castigados con las mismas penas (6 meses a 3 años, y 1 a 6 años en los casos agravados por más de 50.000 eur, por la gravedad del perjuicio, por afectar a bienes de primera necesidad o por dejar en situación de ruina a la víctima, pudiendo incluso llegar a hiperagravaciones de 4 a 8 años de prisión cuando supere los 250.000 eur). Cuando el importe defraudado no rebase los 400 eur se enjuiciará como delito leve.

ESTAFA (artículo 248 del Código Penal)

Consistente en valerse de un engaño suficiente como para producir en otra persona un error que le lleve a realizar una transferencia o a disponer de patrimonio perjudicándose a sí mismo o a un tercero. Una submodalidad son las estafas impropias (venta de mueble o inmueble sin ser su propietario, ocultando sus cargas o celebrar contrato simulado).

Administración desleal (artículo 252)

Consiste en excederse de las facultades de administrar un patrimonio de un tercero perjudicándolo.

Apropiación indebida (artículo 252)

Cuando alguien hace suyos o entrega a un tercero bienes, u objetos muebles sobre los que le había sido antes concedida la facultad de gestionarlos o administrarlos, y respecto de los que tenía la obligación de reintegrarlos a su propietario, algo que sin embargo no realiza. Puede cometerse igualmente negando haber recibido tales bienes.

El Código prevé igualmente un delito específico de defraudación de fluido eléctrico, gas, agua o telecomunicación de menor gravedad, castigado con multa.

Frustración de la ejecución

Tradicionalmente conocido como alzamiento de bienes (artículo 257 y siguientes del Código Penal), se condensan aquí todas aquellas conductas encaminadas a obstaculizar que los acreedores puedan ver satisfechos sus créditos, entorpeciendo un embargo, así como eludiendo el pago de responsabilidades civiles derivadas de delito. Las penas arrancan desde 1 año y se encaraman hasta los 4.

Se contempla también, aunque con menor pena, la presentación incompleta o no real de bienes en un procedimiento de ejecución judicial, así como el uso de bienes embargados por autoridad pública.

Insolvencias punibles

Tiene lugar cuando un deudor en situación de insolvencia actual o inminente, realice actos fraudulentos perjudicando los intereses de sus acreedores. Cabe reseñar que se considera insolvencia cuando hay un desequilibrio patrimonial en el que las obligaciones exigibles a un deudor superan al de los bienes y derechos realizables de su patrimonio, lo cual imposibilita al acreedor satisfacer su derecho de crédito (artículo 259 del CP, con pena de 1 a 4 años y multa). También se puede cometer favoreciendo a unos acreedores por delante de otros con preferencia, incluyéndose igualmente la llamada falsedad contable en procedimiento concursal.

Alteración de precios

Artículo 262 CP con pena de 1 a 3 años de cárcel y multa. Castiga las conductas encaminadas a entorpecer la libre formación de precios en concursas y subastas públicas, con el fin de preservar la confianza en dichos mecanismos de formación de precios.

DAÑOS (arts. 263 a 267 del CP)

En estos delitos, se sanciona el menoscabo o destrucción de una cosa ajena, agravando sus penas cuando se perpetren empleando medios especialmente peligrosos (incendios o explosiones, sustancias venenosas o corrosivas, si afectan a bienes de la Defensa Nacional, por incendios o estragos, etc.). Se contienen una submodalidad autónoma de daños informáticos.

Si el valor del daño no excede de 400 eur, se tramitará como delito leve.

Propiedad intelectual e industrial

Se castigan en los primeros (270 a 272 del CP) las conductas en las que intencionadamente y persiguiendo la obtención de un beneficio se atente contra el contenido patrimonial de los derechos de la propiedad intelectual de obras literarias, artísticas o científicas, entendida como los derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen a su autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de su obra. Mientras que la propiedad industrial (273 a 277 CP) otorga tutela penal a los derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora de productos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales registrados).

Mercado y consumidores

Suponen un ataque directo a la línea de flotación del mercado, la libre competencia y los consumidores. Abarca una pluralidad de conductas que van desde el descubrimiento y revelación de secretos de empresa, pasando por la detracción de materias primas o productos de primera necesidad, fraude de inversores, abuso de información privilegiada, alteración de precios, acceso y manipulación de servicios de acceso y terminales de comunicación, hasta la facturación fraudulenta, y el delito de corrupción en los negocios.

Delitos societarios

Fundamentalmente aluden a las conductas llevadas a cabo por los administradores de sociedades mercantiles en perjuicio de sus socios o de terceros (artículo 290 y siguientes del C. Penal). Estamos pensando en delitos como el de falsedad documental societaria, imposición de acuerdos abusivos o lesivos, denegación de derechos a los socios u obstrucción de labores inspectoras o supervisoras a los organismos encargados de tales actividades en mercados regulados.

Receptación y blanqueo de capitales

Estrechamente emparentados, el primero (art. 298 CP) castiga la ayuda a los responsables de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico a aprovecharse de los efectos del mismo o recibir, adquirir u ocultar dichos efectos siempre que no haya intervenido como autor o cómplice en aquel delito, actuando sin embargo con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión del delito precedente (6 meses a 2 años es la sanción que aguarda a sus responsables).

Mientras que el blanqueo (art. 301 CP) censura la adquisición, posesión, uso o transmisión de bienes con conocimiento de su origen ilícito, cometida por él mismo o por un tercero, y oculte o encubra tal origen ilícito, o ayude a quien participó en el delito previo a sortear las consecuencias legales de sus actos (6 meses a 6 años).

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