Abogado de delitos económicos en Barcelona

Consistente en valerse de un engaño suficiente como para producir en otra persona un error que le lleve a realizar una transferencia o a disponer de patrimonio perjudicándose a sí mismo o a un tercero. Una submodalidad son las estafas impropias (venta de mueble o inmueble sin ser su propietario, ocultando sus cargas o celebrar contrato simulado).

Consiste en excederse de las facultades de administrar un patrimonio de un tercero perjudicándolo.

Cuando alguien hace suyos, o entrega a un tercero bienes, u objetos muebles sobre los que le había sido antes confiada la facultad de gestionarlos o administrarlos, y respecto de los que tenía la obligación de reintegrarlos a su propietario, algo que, sin embargo, no efectúa. Puede cometerse igualmente negando haber recibido tales bienes.

El Código prevé igualmente un delito específico de defraudación de fluido eléctrico, gas, agua o telecomunicación de menor gravedad, castigado con multa.

Tradicionalmente conocido como alzamiento de bienes, se condensan aquí todas aquellas conductas encaminadas a obstaculizar que los acreedores puedan ver satisfechos sus créditos, entorpeciendo un embargo, así como eludiendo el pago de responsabilidades civiles derivadas de delito.

Se localiza en el artículo 257 y siguientes del Código Penal y las penas arrancan desde 1 año y se encaraman hasta los 4.

Se contempla también, aunque con menor pena, la presentación incompleta o no real de bienes en un procedimiento de ejecución judicial, así como el uso de bienes embargados por autoridad pública.

Tiene lugar cuando un deudor en situación de insolvencia actual o inminente, realice actos fraudulentos perjudicando los intereses de sus acreedores.

Cabe reseñar que se considera insolvencia cuando hay un desequilibrio patrimonial en el que las obligaciones exigibles a un deudor superan al de los bienes y derechos realizables de su patrimonio, lo cual imposibilita al acreedor satisfacer su derecho de crédito (artículo 259 del CP, con pena de 1 a 4 años y multa).

También se puede cometer favoreciendo a unos acreedores por delante de otros con preferencia, incluyéndose igualmente la llamada falsedad contable en procedimiento concursal.

Artículo 262 CP con pena de 1 a 3 años de cárcel y multa. Castiga las conductas encaminadas a entorpecer la libre formación de precios en concursos y subastas públicas, con el fin de preservar la confianza en dichos mecanismos de formación de precios.

En estos delitos, se sanciona el menoscabo o destrucción de una cosa ajena, agravando sus penas cuando se perpetren, empleando medios especialmente peligrosos (incendios o explosiones, sustancias venenosas o corrosivas, si afectan a bienes de la Defensa Nacional, por incendios o estragos, etc.).

Se contiene una submodalidad autónoma de daños informáticos, y si el valor del daño no excede de 400 eur, se tramitará como delito leve.

Se castigan en los primeros (270 a 272 del CP) las conductas en las que intencionadamente, y persiguiendo la obtención de un beneficio, se atente contra el contenido patrimonial de los derechos de la propiedad intelectual de obras literarias, artísticas o científicas.

Entendida como los derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen a su autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de su obra.

Mientras que la propiedad industrial (273 a 277 CP) otorga tutela penal a los derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora de productos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales registrados).

Suponen un ataque directo a la línea de flotación del mercado, la libre competencia y los consumidores.

Abarca una pluralidad de conductas que van desde el descubrimiento y revelación de secretos de empresa, pasando por la detracción de materias primas o productos de primera necesidad.

También comprende fraude de inversores, abuso de información privilegiada, alteración de precios, acceso y manipulación de servicios de acceso y terminales de comunicación, hasta la facturación fraudulenta, y el delito de corrupción en los negocios.

Fundamentalmente, aluden a las conductas llevadas a cabo por los administradores de sociedades mercantiles en perjuicio de sus socios o de terceros (localizados en el artículo 290 y siguientes del Código Penal).

Estamos pensando en delitos como el de falsedad documental societaria, imposición de acuerdos abusivos o lesivos, denegación de derechos a los socios u obstrucción de labores inspectoras o supervisoras a los organismos encargados de tales actividades en mercados regulados.

Estrechamente emparentados, el primero se encuentra estipulado en el artículo 298 del Código Penal, y castiga la ayuda a los responsables de un delito contra el patrimonio o el orden socio-económico a aprovecharse de los efectos del mismo.

También comprende recibir, adquirir u ocultar dichos efectos, siempre que no haya intervenido como autor o cómplice en aquel delito, actuando, sin embargo, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión del delito precedente.

Este delito conlleva una sanción de 6 meses hasta 2 años de prisión.

Mientras que el blanqueo (ubicado en el artículo 301 del código penal) censura la adquisición, posesión, uso o transmisión de bienes con conocimiento de su origen ilícito, cometida por él mismo o por un tercero, y la ocultación o encubrimiento de tal origen ilícito.

O prestar ayuda a quien participó en el delito previo a sortear las consecuencias legales de sus actos (6 meses a 6 años).