Abogados de Delito Fiscal en Barcelona
Nuestros abogados de delito fiscal en Barcelona te ofrecen la mejor defensa para los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, que pueden alcanzar en algunos casos penas privativas de libertad muy importantes.
Defender este tipo de delitos requiere de amplios conocimientos de la normativa tributaria administrativa para poder manejar con fluidez conceptos como obligado tributario, cuota tributaria, retención a cuenta o autoliquidación.
Lo mismo cabe decir de los fraudes a la Seguridad Social que, aunque guardan cierto paralelismo con el delito fiscal, presentan peculiaridades no exentas de dificultad. El despacho está holgadamente capacitado para aceptar la defensa penal por acusaciones de esta naturaleza.
¿Cuándo se considera delito fiscal contra la Hacienda Pública?
Un delito fiscal contra la Hacienda Pública se produce cuando una persona comete acciones ilícitas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones fiscales o defrauda a la administración tributaria.
Estos delitos están relacionados con evasión, elusión fiscal, fraude fiscal y otros actos que perjudican la recaudación de impuestos y afectan el correcto funcionamiento del sistema tributario.
A continuación, se presentan algunas situaciones en las que se considera que se puede llegar a cometer un delito contra la Hacienda Pública:
- Elusión fiscal: Se refiere a la práctica de aprovechar resquicios legales o utilizar estructuras jurídicas complejas para reducir la carga impositiva de una persona o entidad de forma ilícita, evitando el pago de impuestos de manera fraudulenta.
- Fraude fiscal: Implica la realización de declaraciones falsas, la ocultación de ingresos o la manipulación de la información contable y financiera con el propósito de evadir el pago de impuestos.
- Omisión de ingresos o actividades económicas: Ocultar o no declarar ingresos, ya sea de actividades económicas regulares o de otros bienes o patrimonio, constituye un delito contra la Hacienda Pública.
- Falsificación de documentos: La falsificación o manipulación de documentos, como facturas o comprobantes, para justificar gastos inexistentes o simular transacciones económicas, puede ser el medio para cometer delito fiscal.
Es importante destacar que cada país tiene su propia legislación en materia de delitos contra la Hacienda Pública y la forma en que se definen y sancionan puede variar. Si tienes dudas específicas sobre los delitos fiscales en España, como
¿Cuándo prescriben los delitos fiscales contra la Hacienda Pública?
En España, los delitos contra la Hacienda Pública están sujetos a prescripción, lo que significa que existe un plazo establecido en el cual la acción penal puede ser iniciada y, una vez transcurrido dicho plazo, el delito queda extinguido y no se pueden iniciar acciones penales ni imponer sanciones.
El plazo de prescripción para los delitos contra la Hacienda Pública varía dependiendo de la gravedad del delito y la pena máxima establecida. A continuación, se presentan algunos plazos de prescripción generalmente aplicados en estos casos:
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social sancionados con penas de hasta 3 años de prisión: Prescriben a los 5 años.
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social sancionados con penas de más de 3 años de prisión: Prescriben a los 10 años.
Es importante tener en cuenta que estos plazos de prescripción son generales y pueden variar según las circunstancias específicas de cada caso, así como también por las reformas legales que se realicen en el futuro.
Es recomendable consultar la legislación vigente y buscar el asesoramiento de un abogado especializado en derecho fiscal y penal para obtener información precisa y actualizada sobre los plazos de prescripción en casos de delitos contra la Hacienda Pública en España.
¿Qué cantidad se considera delito fiscal?
En España, la cantidad a partir de la cual se considera que se ha cometido un delito fiscal puede variar dependiendo de la legislación vigente y las circunstancias específicas del caso. Sin embargo, en términos generales, se establecen ciertos umbrales de cuantía que se toman como referencia para determinar la gravedad del delito fiscal.
En España se distinguen tres categorías de delitos fiscales según la cuantía defraudada:
● Subtipo atenuado
Cuando la cuantía defraudada fuera superior a 10.000 euros pero inferior a 120.000 euros. Las penas por este tipo de delitos podrían incluir multas y penas de prisión de hasta 1 año.
● Delito fiscal agravado
Se trata de un delito fiscal agravado cuando la cuantía defraudada supera los 600.000 euros. En estos casos, las penas podían ser más severas, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 6 años.
● Delito fiscal común o básico
Si la cuantía defraudada supera el umbral de los 120.000 euros, pero no existían circunstancias agravantes específicas, se considera un delito fiscal común, con penas que podían incluir multas y penas de prisión de hasta 5 años.
Es importante destacar que estos umbrales y clasificaciones pueden estar sujetos a cambios, ya que las leyes pueden ser modificadas y actualizadas. Por lo tanto, es recomendable consultar la legislación fiscal vigente y buscar el asesoramiento de un abogado especializado en derecho fiscal y penal para obtener información precisa y actualizada sobre los umbrales de cuantía en casos de delitos fiscales en España.
FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL:
Como se ha dicho, guarda una relación muy estrecha con el delito fiscal, protegiendo al patrimonio de la SS. El artículo 307 ter CP castiga causar un perjuicio a la Administración Pública por medio de error fraudulento u ocultación consciente de hechos de los que debía informar, obteniendo prestaciones del sistema de Seguridad Social, prolongando su disfrute o facilitando a otros su obtención. Sólo puede cometerlo quien obtiene la subvención.
El fraude a la seguridad social es un delito que conlleva consecuencias legales significativas. En España, aquellos que cometen fraude a la seguridad social pueden enfrentar penas que van desde prisión de 6 meses a 3 años, además de la pérdida de la posibilidad de obtener futuras subvenciones.
Es importante tener en cuenta que existen submodalidades que pueden agravar o atenuar la pena, por ejemplo, si la cantidad defraudada supera los 50.000 euros. Es relevante mencionar también que, en caso de realizar el reintegro del monto defraudado, puede eximirse de responsabilidad penal en ciertas circunstancias.
Ante este tipo de situaciones, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho fiscal y penal para obtener una defensa adecuada y comprender las implicaciones legales correspondientes.
FRAUDE FISCAL:
Regulado en el artículo 305 del C.P., tiene como objetivo proteger el patrimonio de la Hacienda Pública.
Consiste en defraudar o perjudicar mediante engaño a las Haciendas Públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, local o foral y europeo), y se puede cometer eludiendo el ingreso de la cuota tributaria, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales indebidos.
La cuantía mínima defraudada debe ser de 120.000 eur, y únicamente puede cometer el delito el obligado a ingresar el tributo (delito especial propio) lo cual no impide que otros puedan ser castigados como partícipes del delito. La pena va de 1 año a 5 años de prisión, más una multa que puede llegar a multiplicar por 6 la cuota defraudada.
Cuando se comete contra la Hacienda europea la cuota mínima baja hasta los 100.000 eur, y de 10.000 hasta 100.000 eur se sanciona con 3 meses a 1 año de prisión y multa.
La regularización de la deuda antes de ser notificado del inicio de actividades inspectoras, de la presentación de querella o denuncia por Fiscalía o Abogacía del Estado o del inicio de diligencias exime de responsabilidad penal. Y se atenúa si antes del transcurso de 2 meses desde la citación para ir a prestar declaración en calidad de investigado se reconocen judicialmente los hechos y se satisface la deuda tributaria.
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