Abogado de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

La estafa se puede consultar en el artículo 248 del código penal, y consiste en valerse de un engaño suficiente como para producir en otra persona un error que le lleve a realizar una transferencia o disponer de patrimonio perjudicándose a sí mismo o a un tercero. Una submodalidad son las estafas impropias (venta de mueble o inmueble sin ser su propietario, ocultando sus cargas o celebrar contrato simulado).

La Administración desleal, contemplada en el artículo 252 del Código Penal, es un delito que se comete cuando una persona excede las facultades de administrar un patrimonio perteneciente a otra, causándole perjuicio.

Este delito implica un abuso de la confianza depositada en el administrador, ya sea en el ámbito empresarial, fiduciario o cualquier otro en el que se le haya conferido la responsabilidad de gestionar los bienes o recursos de un tercero.

La Administración desleal se caracteriza por actos que van más allá de los límites establecidos, tales como malversación de fondos, apropiación indebida, realización de operaciones fraudulentas, desvío de recursos o cualquier otra conducta que resulte en un perjuicio económico para el titular del patrimonio.

Este delito puede ser cometido tanto por personas físicas como jurídicas, y las penas asociadas varían en función de la gravedad de la conducta y el perjuicio ocasionado. En algunos casos, puede implicar penas de prisión, multas y la obligación de indemnizar al perjudicado.

Se encuentra en el artículo 253 del código penal, y se trata de cuando alguien hace suyos, o entrega a un tercero bienes, u objetos muebles sobre los que le había sido antes confiada la facultad de gestionarlos o administrarlos, y respecto de los que tenía la obligación de reintegrarlos a su propietario, algo que, sin embargo, no efectúa.

Puede cometerse igualmente negando haber recibido tales bienes.

El Código prevé igualmente un delito específico de defraudación de fluido eléctrico, gas, agua o telecomunicación de menor gravedad, castigado con multa.

Tradicionalmente conocido como alzamiento de bienes, se condensan aquí todas aquellas conductas encaminadas a obstaculizar que los acreedores puedan ver satisfechos sus créditos, entorpeciendo un embargo, así como eludiendo el pago de responsabilidades civiles derivadas de delito.

Se localiza en el artículo 257 y siguientes del Código Penal y las penas arrancan desde 1 año y se encaraman hasta los 4.

Se contempla también, aunque con menor pena, la presentación incompleta o no real de bienes en un procedimiento de ejecución judicial, así como el uso de bienes embargados por autoridad pública.

Tiene lugar cuando un deudor en situación de insolvencia actual o inminente, realice actos fraudulentos perjudicando los intereses de sus acreedores.

Cabe reseñar que se considera insolvencia cuando hay un desequilibrio patrimonial en el que las obligaciones exigibles a un deudor superan al de los bienes y derechos realizables de su patrimonio, lo cual imposibilita al acreedor satisfacer su derecho de crédito (artículo 259 del CP, con pena de 1 a 4 años y multa).

También se puede cometer favoreciendo a unos acreedores por delante de otros con preferencia, incluyéndose igualmente la llamada falsedad contable en procedimiento concursal.

Artículo 262 CP con pena de 1 a 3 años de cárcel y multa. Castiga las conductas encaminadas a entorpecer la libre formación de precios en concursos y subastas públicas, con el fin de preservar la confianza en dichos mecanismos de formación de precios.

En estos delitos, se sanciona el menoscabo o destrucción de una cosa ajena, agravando sus penas cuando se perpetren, empleando medios especialmente peligrosos (incendios o explosiones, sustancias venenosas o corrosivas, si afectan a bienes de la Defensa Nacional, por incendios o estragos, etc.).

Se contiene una submodalidad autónoma de daños informáticos, y si el valor del daño no excede de 400 eur, se tramitará como delito leve.

Se castigan en los primeros (270 a 272 del CP) las conductas en las que intencionadamente, y persiguiendo la obtención de un beneficio, se atente contra el contenido patrimonial de los derechos de la propiedad intelectual de obras literarias, artísticas o científicas.

Entendida como los derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen a su autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de su obra.

Mientras que la propiedad industrial (273 a 277 CP) otorga tutela penal a los derechos exclusivos que protegen la actividad innovadora de productos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales registrados).

Suponen un ataque directo a la línea de flotación del mercado, la libre competencia y los consumidores.

Abarca una pluralidad de conductas que van desde el descubrimiento y revelación de secretos de empresa, pasando por la detracción de materias primas o productos de primera necesidad.

También comprende fraude de inversores, abuso de información privilegiada, alteración de precios, acceso y manipulación de servicios de acceso y terminales de comunicación, hasta la facturación fraudulenta, y el delito de corrupción en los negocios.

Fundamentalmente, aluden a las conductas llevadas a cabo por los administradores de sociedades mercantiles en perjuicio de sus socios o de terceros (localizados en el artículo 290 y siguientes del Código Penal).

Estamos pensando en delitos como el de falsedad documental societaria, imposición de acuerdos abusivos o lesivos, denegación de derechos a los socios u obstrucción de labores inspectoras o supervisoras a los organismos encargados de tales actividades en mercados regulados.

Estrechamente emparentados, el primero se encuentra estipulado en el artículo 298 del Código Penal, y castiga la ayuda a los responsables de un delito contra el patrimonio o el orden socio-económico a aprovecharse de los efectos del mismo.

También comprende recibir, adquirir u ocultar dichos efectos, siempre que no haya intervenido como autor o cómplice en aquel delito, actuando, sin embargo, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión del delito precedente.

Este delito conlleva una sanción de 6 meses hasta 2 años de prisión.

Mientras que el blanqueo (ubicado en el artículo 301 del código penal) censura la adquisición, posesión, uso o transmisión de bienes con conocimiento de su origen ilícito, cometida por él mismo o por un tercero, y la ocultación o encubrimiento de tal origen ilícito.

O prestar ayuda a quien participó en el delito previo a sortear las consecuencias legales de sus actos (6 meses a 6 años).